Si existe la obligación de ofrecer protección internacional para refugiados, de igual modo, no existe ningún derecho fundamental de inmigración establecido en convenciones internacionales. Esta afirmación no implica juicio moral alguno sobre las personas que intentan venir a Europa y permanecer aquí sin permiso de residencia; en la gran mayoría de los casos, son personas que huyen de la miseria de su país natal.

En consecuencia, la única lucha efectiva contra la inmigración ilegal consiste en combatir la miseria de los países de origen. Por ello, la recepción de inmigrantes por parte de los países más ricos de la UE no constituye una alternativa realista a la aplicación de una política que combata las causas de inmigración ilegal. Los casos de una inmigración ilegal carente de penalidades son muy escasos. La primera generación de inmigrantes ilegales a menudo está expuesta a la precariedad, pobreza y explotación de empresarios sin escrúpulos.

Por esta razón, para combatir de manera efectiva la inmigración ilegal, Europa debería emplear políticas de extranjería, comercio y desarrollo que promovieran el crecimiento económico del lugar afectado, en lugar de buscar beneficios inmediatos para la economía europea en perjuicio económico y social de los países de los que brota la inmigración ilegal.

Dado su peso en la economía, es esencial que la UE refuerce de manera considerable la efectividad de sus políticas de cooperación y desarrollo con los países emisores, a fin de anticipar el crecimiento de flujos migratorios no deseados. Obviamente, la UE dispone en este campo de una capacidad de acción colectiva mayor que la de cualquiera de sus estados miembros. Por esta razón, es asimismo necesario otorgar a la Comunidad competencia para negociar acuerdos de repatriación con los países de origen. Dichos acuerdos a menudo comprenden medidas subsidarias de cooperación económica u apoyo financiero.

Para frenar la inmigración ilegal, la UE debería proveer a las administraciones nacionales de una plataforma de cooperación y coordinación. Esta plataforma de coordinación debería estar sujeta a un riguroso control democrático y estar libre de cualquier aplicación de inmunidad con carácter legal. En esta dirección, Newropeans considerará reformar Europol para reforzar su efectividad y legitimidad democrática.

Siguiendo esta lógica, la creación de una fuerza policial europea encargada de controlar fronteras es algo que debería evitarse en la actualidad, dado el débil desarrollo institucional y la falta de legitimidad democrática de la UE. Una autoridad policial que pudiese disfrutar de notables derechos mayestáticos necesita del control cercano de autoridades judiciales y administrativas, apoyadas éstas en una legitimidad democrática irreprochable. Desafortunadamente estas condiciones no se dan en el marco institucional actual.

Aemás, la UE debería crear un sistema capaz de proporcionar apoyo material y financiero así como recursos humanos para el caso en que se produzca un movimiento migratorio masivo en uno o más estados miembros.

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